Está claro que la inseguridad alimentaria puede generarse por
múltiples factores causales de hambre y desnutrición. No sólo se logra
seguridad alimentaria con producir más alimentos, el adecuado
abastecimiento de aguas potable, el acceso al trabajo , la educación, a los
servicios de salud, a adecuadas condiciones de saneamiento ambiental y a un
hogar seguro son condiciones básicas para que las personas puedan obtener
alimentos sanos y seguros. (FAO, 2008). Dicho esto, el estado, debe ser capaz
de garantizar una serie de requisitos que permitan seguridad alimentaria a la
población, tomando en cuenta las funciones esenciales establecidas por la OPS;
las cuales se entienden como conjunto de actuaciones tales como
movilización, promoción, orientación y articulación a través de diferentes
agentes y adecuado apoyo de prácticas en pro de la salud que requieren de
planificación, seguimiento y evaluación para cumplir con un objetivo. (OPS,
2002)
Podemos hacer referencia entonces a la función esencial “Desarrollo
de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de
salud pública” Aspecto en el cual la FAO hizo énfasis al plantear
una serie de principios para atacar la inseguridad alimentaria: Atención a la
seguridad alimentaria, Promoción de un crecimiento agrícola y rural sostenible
y de amplia base, Atención a las causas fundamentales de la inseguridad
alimentaria, Atención a las dimensiones urbanas de la inseguridad alimentaria,
Atención a cuestiones transversales y Fomento de la participación de todas las
partes interesadas en el diálogo que conduce a la elaboración de estrategias
nacionales. (FAO, 2006)
Sin embargo para el 2012, aunque desde 1990 ha habido un
incremento considerable en los avances en la reducción del hambre, el número de personas hambrientas en el
mundo sigue siendo inaceptablemente elevado. (FAO, 2012). Para acelerar la
reducción del hambre, las políticas y programas públicos deben crear un
entorno propicio para un crecimiento económico a largo plazo favorable a los
pobres. Entre los elementos clave figuran el suministro de bienes y servicios
públicos para el desarrollo de los sectores productivos, el acceso equitativo a
los recursos por parte de los pobres y la creación e implementación de
sistemas de protección social. (FAO, 2012)
Si lo llevamos al plano nacional, podemos decir que
evidentemente existen políticas y capacidad institucional de planificación y
gestión en materia de salud pública para garantizar seguridad alimentaria; como
la Ley de la lactancia materia, El Ministerio del poder popular para la
alimentación, entre otras; sin embargo, a pesar de las múltiples
bibliografías que afirman que Venezuela sí, tiene seguridad alimentaria
existe un desequilibrio en la disponibilidad y consumo de alimentos en los
últimos años tomando en cuenta el crecimiento de la población.
Así mismo ocurre con el “Fortalecimiento
de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en
materia de salud pública” ya que si bien existen
estructuralmente las áreas de asesoría legal y fiscalización, las mismas
presentan deficiencias importantes para hacer cumplir la normativa en salud, la
falta de capacidad institucional para la fiscalización, la ausencia de
incentivos al rol fiscalizador y la falta de
supervisión de los procesos de fiscalización existentes.
